La mordaza

Gustav Husak, viceprimer ministro de Checoslovaquia, no podía creer lo que estaba oyendo. Era 1968, primavera. Los líderes comunistas checoslovacos discutían cómo volver más amable el socialismo real, cómo hacerlo más humano, o al menos, más democrático. El punto en discusión era la libertad de prensa. Husak, que sería elegido por el Kremlin para dirigir Checoslovaquia tras la invasión soviética de agosto de aquel año, con la que terminaron, violentamente, tan intrincadas discusiones, negaba que hubiera una prensa libre en los países occidentales.  Le preguntó a Jiři Pelikán, entonces director general de televisión: “¿Acaso imaginas que la BBC o la Televisión Francesa van a criticar abiertamente a miembros del gobierno o permitir a los comunistas hablar delante de las cámaras?” Pelikán, sin inmutarse, replicó: “Es muy fácil para mí imaginar tal cosa”. Después de una pausa dramática, añadió: “Lo he visto con mis propios ojos”.

       

Más tarde, en privado, el atónito Husak pediría a Pelikán más detalles. “¿Qué es lo que dices? ¿De verdad pueden los comunistas hablar en la televisión occidental?”  Pelikán explicó al viceprimer ministro que, en efecto, los líderes comunistas de Francia e Italia eran a menudo invitados a la televisión para explicar sus puntos de vista. Concluyó: “Uno también puede criticar al gobierno. Yo mismo he visto un reportaje en la BBC que no solo criticaba al gobierno, sino que incluso hacía comentarios insultantes acerca de algunas de sus políticas”. Tales novedades no cambiarían la disposición de Husak hacia la libertad de prensa a la manera occidental, que sería contundentemente prohibida, y condenada como falsa, una impostura, durante los veinte años que siguieron a la entrada del Ejército Rojo en Praga. El problema de la prensa, de su autoridad y libertad, y en general, del derecho de los ciudadanos a la libre expresión, no desaparecería, sin embargo, como el propio Husak, que murió en 1991, benignamente olvidado, siendo Presidente de  Checoslovaquia Vaclav Havel. El célebre dramaturgo y ex prisionero político, que no persiguió a su predecesor y le dejó morir en paz, mostró más clemencia hacia Husak de la que Husak había mostrado jamás hacia él, particularmente después de que el nombre de Havel apareciera junto a otros 241 en la famosa Carta 77. La Carta, con fecha del 1ro de enero de 1977, decía, entre otras muchas cosas, que en Checoslovaquia la libertad de expresión pública estaba suprimida “por la dirección centralizada de todos los medios de información y publicación, y de las actividades culturales”. Y, apasionadamente: “Ninguna opinión política, filosófica o científica, o expresión artística, que difiera incluso mínimamente del marco estrecho de la ideología o la estética oficiales, puede ser publicado; la crítica pública de los fenómenos sociales de la crisis es imposible; es imposible también defenderse de las falsas e insultantes acusaciones de la propaganda oficial; la protección legal contra ‘ataques al honor y la reputación’ (…) es prácticamente no existente; falsas acusaciones no pueden ser replicadas, y cualquier esfuerzo para obtener una rectificación o corrección por vías judiciales es en vano; en la esfera del trabajo creativo, espiritual y cultural, está descartada cualquier discusión franca”.     

La Carta 77 había sido escrita en parte como reacción de los hombres y mujeres de la cultura al arresto de la banda de rock sicodélico Plastic People of the Universe, o, simplemente, PPU, un grupo creado apenas unas pocas semanas después de la invasión soviética, y que se había convertido en símbolo de la contracultura, solo por ser tan diferente, y tan aviesamente “occidental”, a los ojos de los funcionarios culturales checos. “Nosotros no éramos políticos”, le explicaría a The Guardian, muchos años después, Josef Janicek, el tecladista de la banda. “Pero insistíamos en tocar cierto tipo de música, actuar y vestirnos de cierta manera”.   En una ocasión, un amigo de los músicos, le espetó al líder artístico del grupo, Ivan Jirous:  “¡Ustedes no son serios!   ¡Nuestro país está de rodillas, y ustedes por ahí, aporreando esas guitarras!”  Jirous respondió, secamente: “Nuestro país estará de rodillas, pero nosotros no”.  Plastic People of the Universe perdió su licencia para tocar en público en 1970: la banda se hundió en la clandestinidad, pero la policía, rutinariamente, arrestaba y golpeaba a los asistentes a aquellos conciertos ilegales, hasta que en 1976 la propia banda, y muchos otros músicos clandestinos, fueron detenidos y acusados de perturbar la paz pública.  En su ensayo El Poder de los Sin Poder, Vaclav Havel volvió a la carga: “Todo el mundo entendió que el ataque contra la música underground checa fue un ataque también contra algo más importante y elemental, algo que de hecho nos une a todos:  fue un ataque contra la misma noción de vivir en la verdad, en la vida real. La libertad de tocar música rock fue entendida como un derecho humano, y esencialmente, igual a la libertad de participar en debates filosóficos y políticos, a la libertad de escribir, a  la libertad de expresar y defender diferentes intereses sociales y políticos.  La gente sintió una genuina solidaridad con los jóvenes músicos, puesto que se dieron cuenta de que no defender la libertad de los otros, independientemente de cuán distintos sean sus medios de creación o su actitud ante la vida, significaba renunciar a la libertad de uno mismo”.  “La libertad”, había escrito muchos años antes Rosa Luxemburgo, “es siempre la libertad del que disiente”.  Como Havel, Plastic People of the Universe sobreviviría al régimen de Husak, y todavía andan por ahí aporreando guitarras. Pero no fue hasta abril del 2003 que la acusación hecha contra el grupo en 1976 fue desestimada, veintiséis años después de que los músicos rebeldes hubieran sido arrojados a los calabozos. “No he encontrado en su conducta nada que pueda ser considerado criminal”, dictaminó, con mucha seriedad, el fiscal del distrito occidental de Praga, Ondrej Smelhaus.  La burocracia siempre ha sido más lenta que la libertad.

Tanques soviéticos en la plaza Wenceslao, Praga, 1968.

Uno pensaría que, estando tan frescos estos episodios en los países del antiguo bloque comunista de Europa del Este, sus actuales líderes serían más respetuosos de las libertades de prensa y de expresión, y evitarían cualquier acción que las limitara. Pero Hungría ha aprobado, casi en el último minuto del Año 10, una ley de medios que ha causado protestas en Budapest y en casi todas las cancillerías europeas.  La ley ha pasado en el Parlamento húngaro con los votos de la vasta mayoría del partido gobernante, el Fidesz, la antigua Alianza de los Jóvenes Demócratas, un grupo fundado en 1988, originalmente de corte liberal y anticomunista, que ha crecido durante dos décadas hasta convertirse en un movimiento de robusto talante conservador.  La malhadada ley establece la creación de una tal Autoridad Nacional de Medios y Comunicación, que tiene la potestad para aprobar decretos y reglamentos sin necesidad de someterlos a un voto del Parlamento. Para integrar el nuevo cuerpo han sido elegidos cinco acólitos de Fidesz, con la misma inocente desfachatez con que el Politburó del antiguo Partido Socialista de los Trabajadores de Hungría nominaba a uno de sus leales como director del periódico Népszabadság y a otro como director de la Televisión Magyar. La Autoridad Nacional de Medios y Comunicación tendrá poderes casi omnímodos sobre todos los medios, incluyendo los de Internet. Deberá investigar, por ejemplo, si los medios publican material que ofenda a “la moral pública” o dañe “la dignidad humana”, de acuerdo a la probablemente veleidosa interpretación que de tales conceptos hagan los miembros del panel, que podrán imponer severas multas, incluso de más de 700 mil euros, a los que sean hallados culpables de tales crímenes. Crucialmente, la ley otorga a la Autoridad de Medios la potestad de investigar qué medios tienen un “balance” adecuado en su cobertura política, y cuáles reportan temas que no corresponden al interés público. Los periodistas tendrán que revelar sus fuentes a los censores nombrados por Fidesz si el tema de sus reportes es, a juicio de la Autoridad de Medios, relativo a la “seguridad nacional”.  Como si fuera poco, las redacciones de noticias de la televisión y la radio públicas, y la agencia oficial de noticias, han sido fundidas en una, que ofrecerá sus materiales a los tres medios. Esta última medida probablemente provocará que casi tres mil empleados, muchos de ellos periodistas, pierdan sus empleos.  Las multas, advierten los expertos, pondrán a muchos medios pequeños, y a los que no lo son tanto, en un agónico dilema: si los pillan publicando material que los censores consideren “inmoral” o políticamente “desbalanceado”, les pondrían una multa que no podrían, de ninguna manera, pagar. El silencio, la mesura, podrían ser el precio para sobrevivir.  

La ley, llamada ya “mordaza”, ha entrado en vigor justo cuando Hungría asumía la presidencia rotativa de la Unión Europea. Las cancillerías de Europa occidental han puesto el grito en el cielo ante esta nueva grosería de los nuevos miembros, los países ex comunistas aceptados en la Unión en la última década.  En París, en Berlín, en Londres y en Estrasburgo, miran con recelo a los vecinos de la mitad oriental del continente, que a cada rato dan señales de no haber aprendido las reglas de la democracia europea y de la más asentada corrección política. Hace apenas un año, la ratificación del Tratado de Lisboa, que reorganizó el funcionamiento de la Unión Europea tras la expansión hacia Europa del Este, fue bloqueada por la obstinación del Presidente de la República Checa, el conservador Vaclav Klaus, que, atrincherado en su oficina del Castillo de Praga, se tomó todo el tiempo del mundo para firmar un documento ya aprobado por su propio parlamento. Antes, en 2008, Klaus había vetado la ley contra la discriminación por razones de sexo, edad, discapacidad, raza,  origen étnico, orientación sexual, religión o ideas políticas, que el parlamento checo había aprobado, como todos los otros 26 de la Unión Europea.  En Polonia, los hermanos Kaczińsky, Lech y Jaroslav, presidente el primero hasta su muerte, el año pasado, y primer ministro el segundo entre 2006 y 2007, impusieron la lustracja, una ley que obligaba a cientos de miles de ciudadanos a declarar por escrito si habían colaborado o no con los servicios secretos del antiguo estado comunista. Los Kaczińsky, buenas perlas, prohibieron la discusión de la homosexualidad en las escuelas, incluso en las clases de educación sexual, y cancelaron un Desfile por la Igualdad organizado por organizaciones gays en Varsovia, lo cual le valió a Polonia una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por haber violado el principio del derecho de reunión de sus ciudadanos.  En la propia Hungría, el anterior primer ministro, el socialista Ferenc Gyurcsány, admitió haber mentido “mañana, tarde y noche” para ganar las elecciones del 2006.  La admisión de su mentira, hecha en privado a los miembros de su partido, se filtró al público y provocó incontenibles disturbios en las calles de Budapest.  Con el país al borde de la bancarrota, Víktor Orbán, de Fidesz, ganó abrumadoramente las elecciones de abril del 2010.  Es el mismo Orbán que, siendo un mozalbete de 22 años, tomó la tribuna durante el funeral de estado de Imre Nagy, en 1988, y demandó la retirada de las tropas soviéticas de Hungría.  Fue aquel el momento en que el régimen de János Kádár fue finalmente derrotado: Nagy fue el primer ministro reformista derrocado por la invasión soviética de 1956, traicionado por Kadar, que le había prometido libre tránsito para salir del país, y ejecutado en 1958.  En Budapest, mirando al Parlamento que aprobó la ley mordaza, y a Kossuth tér, la plaza donde se enfrentaron los ciudadanos de Budapest a los tanques soviéticos, hay una estatua del infortunado Nagy, en un pequeño parque, sobre un puentecillo. La estatua, muy discreta, es un recordatorio del doloroso pasado de Hungría, y también, de las incumplidas promesas de la democracia, de sus hirientes decepciones.

Estatua de Imre Nagy en Budapest.  Al fondo, el Parlamento.

El Año 10 terminó con otras noticias alarmantes para los defensores de las libertades de prensa y expresión. En Belarús, un desprendimiento soviético que nunca ha hecho siquiera el intento de parecer un país democrático, la policía política arrestó a varios periodistas durante los días de crisis que siguieron a la predecible reelección del presidente Lukashenko, tildado de “el último dictador de Europa”.  En el Reino Unido, la misma BBC, cuya impecable profesionalismo tanto impresionó en los sesentas a Jiři Pelikán, director de la Televisión Checoslovaca, enfrenta el desdén, la suspicacia y el rencor de los conservadores, ahora en el gobierno.  Es probable que el puesto de presidente del Trust de la BBC, que dirige la compañía y la supervisa, sea asignado a Lord Patten, el último gobernador británico de Hong Kong, muy cercano al primer ministro, David Cameron.  Si obtiene el puesto, Lord Patten sería encargado de hacer en la BBC recortes tan drásticos como los que Mr Cameron ha comenzado en todo el sector público de la economía.  Los ataques contra la BBC ocurren al mismo tiempo que News Corporation, el imperio mediático de Rupert Murdoch, intenta adquirir control total sobre BSkyB, la más importante plataforma de televisión por satélite del Reino Unido, una operación tan peligrosa para la libertad de expresión y la pluralidad de opiniones que los editores de los principales periódicos británicos, lo mismo de derechas que de izquierdas, con la única excepción de los que Murdoch ya posee, se unieron para denunciarla.  En Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones emitió un veredicto sobre la “neutralidad” de Internet que no dejó satisfechos ni a los liberales ni a los energúmenos del Partido Republicano y su vástago monstruoso, el Tea party. Al Franken, senador demócrata, criticó vigorosamente el veredicto,  presuntamente negociado con grandes corporaciones mediáticas como AT & T, Verizon y Comcast, que permitirá a las empresas telefónicas bloquear el acceso a través de móviles a determinados servicios y aplicaciones online, para, por ejemplo, forzar a los usuarios a recurrir a servicios de esas propias compañías, o de otras asociadas a ellas. La Comisión se abstuvo de prohibir la priorización de acceso por pago, que en el futuro permitiría a las corporaciones que puedan pagar tal servicio ser priorizadas en el acceso de usuarios por delante de los sitios de pequeñas organizaciones, publicaciones independientes o blogs.  Aún así, el veredicto de la Comisión fue entendido por los republicanos como una abusiva intervención del gobierno en el mercado de las telecomunicaciones, y el Senador Mitch McConnell, el líder de la minoría, dijo, bastante estúpidamente, que el Presidente Obama estaba a punto de “nacionalizar la Internet”. En Venezuela, mientras tanto, casi como calco de Hungría, la amplísima mayoría dizque socialista en la Asamblea Nacional, aprobó la pomposamente titulada Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que, de acuerdo con la siempre discreta Prensa Latina, regulará “la difusión y recepción de mensajes”, o cualquier cosa que eso signifique, de la radio, la televisión, la Internet y los anunciantes y usuarios “para fomentar el equilibrio entre sus deberes, derechos e intereses”. La nueva ley permitirá a las autoridades vetar “mensajes que puedan constituir manipulaciones mediáticas, apologías del delito, inducir al magnicidio o emitir ofensas a autoridades”. Ahora quizás se pueda entender el propósito de la visita a Venezuela, en febrero pasado, de Ramiro Valdés, el antiguo Ministro del Interior de Cuba que fue, hasta hoy mismo, Ministro de Informática y Comunicaciones. Valdés, quien ha sido convertido ahora por Raúl Castro en una suerte de superministro, con varias industrias bajo su mando, viajó a Caracas hace algunos meses, según se dijo, para ayudar al gobierno de Hugo Chávez a solucionar la crisis energética, un área de gobierno con la cual nunca antes se le había relacionado. De energía, Ramiro probablemente sepa poco, pero de mordazas, él y sus dos jefes en La Habana saben tanto como el que más.