Intransigencia

El doctor Oscar Elías Biscet, líder de la Fundación Lawton de Derechos Humanos, un pequeño grupo opositor de Cuba, ha rehusado firmar “El Camino del Pueblo”, una nueva propuesta para la transición política en la isla. No habría nada remotamente sorprendente en que el doctor Biscet se negara a firmar un documento que, en contra de lo que su título indica, no parece que vaya a llevar a los cubanos a ninguna parte, y será añadido con rapidez a un vasto catálogo de manifiestos y programas similares, escritos por los opositores de Fidel y Raúl Castro durante los últimos cincuenta y tres años, que el Comandante y su hermano quizás ni siquiera se han molestado en leer. Lo que ha causado perplejidad es que el doctor Biscet acusara a los redactores de “El Camino del Pueblo” no de ingenuidad política o escabrosa sintaxis, sino de intentar, con su propuesta, “salvar el comunismo”.
   

A lo mejor al doctor Biscet le mandaron una versión de “El Camino del Pueblo” distinta de la que los demás hemos leído, pero la que diligentemente circuló por los medios del exilio, no tenía, en apariencia, nada que pudiera valerle el calificativo de “intensamente socialista”. El doctor Biscet describió el documento, en una breve nota, como “una reforma del régimen donde se consulta y se cuenta con la participación de los mismos jerarcas que han destruido la nación cubana en los últimos cincuenta años (…)  es nada más y nada menos que la continuación del comunismo”. Quizás el doctor Biscet sabe de los autores de ese texto algo que los demás no sabemos, o sospecha que cualquier día de estos Oswaldo Payá, uno de ellos, aparecerá en la Mesa Redonda de la Televisión Cubana transformado en el agente Ariel, o Víctor, o Sergio, de la contrainteligencia de Raúl Castro. Tantas veces se ha visto, recientemente, esa transformación, un ardoroso disidente convertido, por arte de birlibirloque, en capitán de la Seguridad del Estado y héroe cederista, que podría perdonársele al doctor Biscet que albergara sospechas hasta de sus más leales seguidores en la Fundación Lawton, para no hablar de sus rivales por la supremacía política en la oposición cubana. Pero es difícil ver, como él, algo en “El Camino del Pueblo” que indique la disposición de los firmantes de conservar el actual sistema político cubano, o siquiera de dejarle, cuando lo cambien, una semblanza de socialismo. “El Camino del Pueblo” propone un diálogo nacional “para que el pueblo pueda conservar todo lo positivo que ha creado y cambiar soberanamente aquello que decida cambiar”, e invita a participar en tal debate “a todos los cubanos sin exclusiones, sin odios ni venganzas”, aunque una nota al final del documento corrige esa línea, y dicta que sean, de hecho, excluidos, “los hermanos Castro y todos los que de una forma u otra hayan cometidos crímenes contra el pueblo de Cuba”. Esta aclaración, evidentemente, no ha dejado satisfecho al doctor Biscet, que a lo mejor quiere excluir de una eventual negociación no solo a Fidel y Raúl, sino a cualquiera que alguna vez haya ido a un trabajo voluntario, asistido a la marcha del Primero de Mayo o gritado “Pioneros por el Comunismo, ¡seremos como el Ché!” en el matutino de la escuela. No está particularmente claro qué tenían en mente los autores de esta propuesta cuando se refirieron a conservar “todo lo positivo” que el pueblo cubano ha creado, otra frase de diplomática ambigüedad que debe haber molestado al líder de la Fundación Lawton. Tímidamente, “El Camino del Pueblo”, que propone desmantelar el Estado construido por Fidel Castro y restaurar en Cuba la democracia liberal y la economía de mercado, recomienda conservar la gratuidad y universalidad de los servicios de salud pública y educación “pero sin condicionamientos políticos o ideológicos”.  No debe ser esta idea una a la que se oponga el doctor Biscet, puesto que la Fundación Lawton incluye en su plataforma de demandas “el compromiso de costear un sistema de educación gratuita de primer orden, sin orientación política, así como un sistema básico de salud al alcance de los miles de necesitados”. En realidad, entre “El Camino del Pueblo” y la “Declaración de Principios del Dr Oscar Elías Biscet”, que aparece en el sitio web de la Fundación Lawton, hay tantos puntos comunes, que uno no se imaginaría que el autor del segundo acusaría a los del otro de querer salvar el comunismo, solo porque, quizás, a diferencia de él, no reclaman la inmediata “derogación de la ilegítima Constitución comunista de 1976” y la adopción de una versión enmendada de la añeja Constitución de 1940, o demandan “la disolución de todos los organismos de carácter político, propagandístico o represivo creados por el régimen comunista desde enero de 1959”, una definición un tanto confusa, dentro la cual, si bien se mira, podrían incluirse tanto el G2 como Juventud Rebelde, las MTT y el ICAIC, la Federación de Mujeres Cubanas y la Televisión Serrana, prácticamente todo lo que existe en la isla, con excepción, quizás, de la Virgen de la Caridad del Cobre, porque ni siquiera algunos de los pequeños grupos de defensa de los derechos humanos podrían salvarse, estando, como se ha visto, repletos de espías e informantes, y siendo, por sus continuos errores y rencillas, si no útiles, al menos no especialmente dañinos para las autoridades del país.  

A Biscet le han dado tantos palos, en la calle y en la cárcel, que lo menos que podría concedérsele es el derecho de ser intransigente. Biscet ha pasado en prisión la mayor parte de los últimos doce años, en condiciones excepcionalmente severas. En abril del 2003 lo condenaron a 25 años de cárcel por presuntos delitos contra la seguridad del Estado, pero fue liberado en marzo pasado, tras el acuerdo alcanzado por Raúl Castro con la Iglesia Católica cubana y el gobierno socialista español para sacar, de las rejas y del país, a la mayoría de los presos políticos de la isla.  Al salir de prisión, Biscet declaró, rotundamente, que Cuba era una dictadura totalitaria “igual que la de Hitler o Stalin”, una comparación de decepcionante bastedad intelectual que dejaba clara la meticulosa renuencia del líder de la Fundación Lawton a negociar con sus enemigos, en el improbable caso de que estos tuvieran la más mínima disposición de hacerlo. En el mismo tono, Biscet acusó al gobierno cubano de profesar una ideología “antiamericana, antisemita y antinegro”, y exigió la renuncia inmediata de Fidel Castro, aunque al convaleciente Comandante, a la sazón, ya no le quedaba cargo alguno en el Estado del que pudiera desprenderse. Entrevistado por la revista conservadora norteamericana National Review, Biscet llegó a asegurar, contra toda lógica y evidencia, que el embargo de Estados Unidos “ha ayudado al pueblo cubano tanto política como moralmente”, y que solo debería ser levantado cuando lo sea “el embargo contra los derechos humanos del pueblo cubano” impuesto por las autoridades de la isla. En prisión, al parecer, el pensamiento y la actitud política de Biscet se endurecieron, no salió de la cárcel convertido en un Mandela caribeño, dispuesto a perdonar a sus opresores a cambio de un arreglo político aceptable para todos y una vía segura hacia la democracia, sino en un flamígero Arcángel San Miguel, peleando en la cúspide del cielo contra los demonios. Biscet es un hombre de titánico coraje, al que ni la policía, ni los jueces ni el calabozo han logrado hacer callar. Se le vio, una vez, siendo arrastrado por la policía, mientras gritaba, con su vozarrón, “¡Vivan los derechos humanos!”  De la cárcel no pidió salir, y, para su crédito, se negó a irse de Cuba, cuando le hubiera sido más fácil, y nadie se lo hubiera reprochado, largarse a Madrid o Miami. Su intransigencia le sienta bien a un país en el que la moderación es vista, por ambos bandos de nuestra política, como un delito, una imperdonable cobardía, un vergonzoso vicio femenil. Aceptar, en Cuba, que el otro tiene parte de razón, un ápice de verdad, algún derecho, es sacrilegio, traición, blandenguería. Negociar, intentar una conciliación, ceder un tanto, es impensable, un acto de despreciable debilidad.  Allí está, en su barricada, Raúl Castro, mandando a sus turbas a golpear a cualquiera que salga con un cartel a la calle, y del otro lado, en Washington, un grupo de congresistas cubanoamericanos, una banda de necios, crueles capitostes, empeñados en revertir el modesto alivio que Barack Obama introdujo dos años atrás en las relaciones entre los cubanos de ambas orillas del Estrecho de la Florida. De un lado, la Asamblea Nacional de Cuba, que parece creer que autorizar a los cubanos a vender y comprar casas, montar un timbiriche de pizzas, o incluso salir del país sin pedir permiso a su gobierno, son medidas de extraordinaria ambición y alcance, una robusta reforma económica y política. Del otro, Armando Valladares, ex preso político cubano y antiguo embajador de Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, que salió del hondo pozo de su actual irrelevancia a defender la posición de Biscet con términos aún más duros que los empleados por el líder de la Fundación Lawton.  Valladares describió a los que firmaron “El Camino del Pueblo” como “conocidos reformadores del sistema, marxistas y  (…) agentes de la Seguridad del Estado condecorados públicamente por sus servicios a la tiranía”. Valladares pasó por encima del detalle de que los que firmaron el documento acumulan entre ellos decenas de detenciones, golpizas, actos de repudio y varias décadas en la cárcel.   

“Un radical”, notó, melancólicamente, Franklin Delano Roosevelt, “es un hombre con los dos pies firmemente plantados en el aire”. La historia está repleta de gloriosos cabeciduros que no dieron su brazo a torcer, y, o bien terminaron saliéndose con la suya, o bien se convirtieron en marmóreos inmortales. No parece, sin embargo, que en la política cubana actual haya Leonidas o Maceos, colocados frente a la alternativa terminal de rendirse o morir, y seguramente tampoco necesitamos uno de esos ahora. Necesitaríamos legisladores, diplomáticos, filósofos, un Gandhi, un Mandela, que sin dejar que le arrebaten lo esencial de su honra y su propósito, se disponga a hablar y escuchar a sus enemigos, algo que requiere más valor aún que ir a prisión o enfrentar un pelotón de fusilamiento. Lo que tenemos, tristemente, son solo figuras menores, agotadas por largos años de poder, o de cárcel o de precaria oposición, cegadas por el rencor o por la vanidad, o por la ambición, y sin la imaginación y la generosidad que serían necesarias para cortar nuestro nudo Gordiano y sacar a Cuba de su acelerada parálisis. La intransigencia, que algunas ocasiones ha salvado a un pueblo de su extinción o de su deshonra,  puede ser también, frecuentemente, un estorbo, una grandiosa estupidez, o un crimen.  En estos tiempos de espeluznante mediocridad, los ejemplos abundan de criminal o absurda terquedad. Allí está el régimen sirio, masacrando con hilarante impunidad a su propio pueblo. La televisión siria está mostrando hoy las ruinas de la ciudad rebelde de Hama, donde el ejército de Bashar al-Assad entró esta semana, y la emprendió a cañonazos contra los civiles. La sangrienta obstinación de al-Assad y sus secuaces, que no defienden la integridad nacional, ni la estabilidad de la región ni el legado de una revolución popular, sino su propio, frágil poder, es solo comparable a la suicida tenacidad de su pueblo, que sigue saliendo a la calle a pedir libertad y democracia, aunque el mundo lo ha abandonado y no hay ninguna posibilidad de que su gobierno alguna vez vaya a considerar seriamente sus demandas. Allí está todavía, increíblemente, el coronel Gaddafi, que ha perdido la mitad de su país, pero se las ha arreglado, de alguna manera, para conservar la otra mitad. A Gaddafi le ha propuesto Occidente, que no ve cómo desenredarse del conflicto libio, que se quede en su país, intocado, sin tener que responder por los abultados delitos cometidos contra su pueblo, pero el coronel no quiere oír hablar siquiera de la posibilidad de que él y sus hijos pierdan el control de una nación que hasta ahora han gobernado como si fuera una propiedad familiar.   La más estúpida y escalofriante prueba de intransigencia vista recientemente la ofrecieron los energúmenos del Tea Party en el Congreso de los Estados Unidos, que se negaron hasta el último minuto a aceptar ningún acuerdo con el presidente Obama para aumentar el límite legal de la deuda pública norteamericana. Un puñado de congresistas republicanos, la mayoría llegados a Washington en las elecciones de noviembre del año pasado en la cúspide de un poderoso movimiento reaccionario, secuestraron el debate parlamentario, chantajearon al presidente y al país, y terminaron por imponer un acuerdo que incluye recortes draconianos al presupuesto público, justo en un momento de extrema tensión en los mercados internacionales por los efectos de la crisis de la deuda europea y el prolongado estancamiento norteamericano. Absurdamente, esos congresistas conservadores parecían estar dispuestos a empujar a Estados Unidos a la bancarrota, y causar una catástrofe mundial, pero no a ceder un milímetro en su posición. Por cierto, la publicación que primero divulgó el artículo del doctor Biscet censurando “El Camino del Pueblo”, La Nueva Nación, de Miami, es desembozadamente republicana, estridentemente conservadora, chillonamente anti-Obama, y apoyó con entusiasmo a los teapartiers durante el turbulento debate de julio.

“El Camino del Pueblo” tiene tan pocas posibilidades de ser tomado en serio por las autoridades cubanas, o por los indiferentes, exhaustos ciudadanos de la isla, que hasta Martha Beatriz Roque, cuyo nombre aparece al final del texto, ha dicho que este “último intento de unidad” está “llamado totalmente al fracaso”. Roque admitió, en una columna publicada este jueves en Diario de Cuba, que algunos de los firmantes del documento, cerraron los ojos “para cooperar, y mostrar una pizca de madurez política”. Con un suspiro, Roque se hace una pregunta: “Habría que recapacitar sobre qué hace que esto no funcione”. Ah, qué pregunta, la del millón de pesos. La pequeña, dividida, acosada, intelectualmente agotada oposición cubana no parece estar en capacidad de lanzar un movimiento político con fuerza suficiente para siquiera atraer la atención del público y causar alguna preocupación a las autoridades, a las que les basta, para mantener el orden, con darles un manotazo a los más pendencieros cuando se quejan demasiado de la falta de libertad. Mucho menos parecen capaces esos activistas opositores de gobernar el guirigay cubano, si por algún milagro el gobierno les cayera en las manos. Fuera de Cuba, aún peor, por mucho que haya cambiado la composición, el carácter y la disposición política de la comunidad cubanoamericana, todavía manda a Washington a criaturas tan extraordinarias, tan ancladas en el fondo de la ortodoxia anticastrista, y en la filosofía más radical de la derecha, como Ileana Ros-Lehtinen, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, o Marco Rubio, el joven senador, favorito del Tea Party, al que La Nueva Nación está promocionando como potencial candidato a vicepresidente en las elecciones del próximo año. Raúl Castro, por su parte, parece no sentir ningún apuro, ninguna explosiva presión, salvo, quizás, la de esa gran intransigente, la economía cubana, que sigue produciendo cifras de obcecada pobreza. A fuer de ser honestos, es el General-Presidente, a quien nadie calificaría de moderado, el que más realista parece en todo este deprimente tablero político, puesto que al menos se ha percatado de la necesidad, ya no de la conveniencia, de hacer un poco más vivible la vida de sus ciudadanos, aunque su idea de cómo hacerlo sea una que difícilmente vaya a resultar en una era de prosperidad y democracia. Estamos atrapados, entre una espada afiladísima y una pared de brutales imposibles. No en balde de la isla, o de la promesa de su futuro, se siguen yendo tantos, hacia España o Australia, o hacia el silencio y la indiferencia. Es la peor intransigencia, la más inexpugnable, la de la apatía y el pesimismo, aunque sea quizás la única que está ahora completamente justificada.